Una auditoría desvela el desbarajuste del Hospital Central

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Aparatos que no se encuentran o que están en un lugar distinto al previsto; servicios de mantenimiento que se prestan sin mediación de un contrato; gran cantidad de medicamentos que se adquieren mediante pedidos pequeños y sin planificación alguna; trabajadores que perciben cantidades incluso superiores a los 1.000 euros mensuales en concepto de atención continuada sin una justificación adecuada y contraviniendo la ley...
Son sólo algunas de las irregularidades detectadas por la Intervención General del Principado en la gestión del Hospital Central de Asturias, analizada a lo largo de 2005. Una auditoría que dedica especial atención a la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos. Y es que casi el 60 por ciento de las compras totales realizadas en ese ejercicio por el complejo hospitalario ovetense se llevó a cabo, según el citado informe, «al margen de los procedimientos y formas de contratación previstos en el TRLCAP» (texto refundido de la ley de Contratos de la Administración Pública).
El gasto global de ese año en productos farmacéuticos ascendió a 40,07 millones de euros. El análisis de la Intervención subraya que la práctica consistente en fraccionar contratos para eludir los procedimientos legales «ha contravenido la prohibición expresa contenida en el artículo 68.2» del citado texto refundido.
El análisis de la Intervención General del Principado no se anda con paños calientes. Constata «una política de adquisiciones fundamentada más en los consumos a corto plazo que en una planificación de carácter anual». Y denuncia que «no se ha podido verificar la documentación contable relacionada con los concursos adjudicados, ni relacionar los importes facturados con la contabilidad presupuestaria al no constar expedientes administrativos completos».
Además de las abundantes críticas centradas en la compra de medicamentos, la auditoría señala que «está generalizado el procedimiento de adquirir prótesis e implantes mediante la figura del contrato menor sin la previa tramitación de procedimientos de licitación pública». El informe precisa que el médico «comunica a suministros la prótesis que ha de adquirirse». Y, a continuación, «estos suministros se almacenan en el centro sin que se haya tramitado su compra», en lo que la auditoría denomina «depósito irregular». En definitiva, concluye la Intervención, la adquisición de estos dispositivos es posterior a su implantación.
Estas y otras anomalías, recogidas en el informe definitivo de la auditoría de ese año, explican la decisión de la Consejería de Economía del Gobierno regional de estrechar el control sobre los hospitales y centros de salud.
Recientemente, la interventora general del Principado, Margarita González Marroquín, envió una carta a los gerentes sanitarios en la que les exige, en el plazo de un mes, un informe sobre las decisiones adoptadas para corregir las deficiencias de gestión detectadas en los ejercicios anteriores al año 2005.
Las finanzas de la sanidad preocupan a todos los gobiernos autonómicos y, muy particularmente, al de Asturias, donde el gasto sanitario ha aumentado un 48 por ciento en los últimos cinco años. Y dentro de la red sanitaria de Asturias, el Hospital Central ocupa un espacio preponderante, pues concentra un gasto anual que se acerca a los 400 millones de euros.
Según la diputada regional del PP Alejandra Cuétara, las auditorías de 2004 y 2005 en el Hospital Central ponen de manifiesto una «nefasta gestión» por parte del Gobierno regional.
Pese a los requerimientos de este periódico, la Consejería de Salud del Principado declinó realizar comentario alguno sobre las conclusiones de estas auditorías.