LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA SANIDAD PÚBLICA ASTURIANA

La sanidad pública asturiana es el reino de la precariedad laboral. Existen categorías para las que no se convocan plazas desde hace más de veinte años y se cubren con contratos eventuales. Seis años después de las transferencias aún no hemos podido completar una sola oferta pública de empleo. La próxima inauguración del nuevo HUCA supondrá la mayor reconversión de la comarca de Oviedo. La intención de la Consejería de Sanidad es la de prescindir de unos mil trabajadores de todas las categorías, llevando a cabo una privatización encubierta de los servicios no sanitarios.

Esta situación no es responsabilidad exclusiva de los que se hicieron cargo de la sanidad transferida sino que, en gran parte, ha sido heredada del antiguo  INSALUD   el cual, aprovechando la ofensiva que los primeros gobiernos socialistas desarrollaron contra el trabajo estable, utilizó la multitud de contratos a la carta que estos crearon para desarrollar el modelo del que ahora nos sentimos tan orgullosos. Este modelo, universal y gratuito, cuya única forma de copago es el 40% que los activos pagan por las recetas,  atiende cada año a más pacientes, de más edad, con patologías más graves, durante más tiempo y a un coste cada vez más caro. La ofensiva que la derecha neoconservadora ha realizado en todo el mundo desde los viejos tiempos de Reagan, ha convencido a los gobiernos de cualquier color y al conjunto de la sociedad, de que pagar impuestos es algo malo, funesto para el crecimiento y para el empleo. Aún así, nadie está dispuesto a prescindir de aquellas conquistas sociales que se perciben como muy valiosas y la sanidad  pública es la más apreciada de todas.

España invierte en sanidad un 1.5% menos del PIB que la media de los países de nuestro entorno. Esto supone unos 15.000.000.000 de Euros menos al año de lo que nos correspondería.  Es decir, ese 1.5 que se detrae de la sanidad se gasta en otros rubros que otros países consideran menos prioritarios: desde subvencionar la educación confesional a la iglesia católica y pagar a los profesores de religión con 3000 millones de euros al año, hasta edificar el enésimo auditorio estrafalario para ornato de alcaldes y consejeros megalómanos. El regalo de los 400 euros para la ayuda a la compra del plasma ha supuesto 6000 millones a las arcas de antes de la recesión. El coste de un gran hospital a la última como el HUCA será de unos 260 millones de euros.  No cojan la calculadora, ya hago yo las cuentas, daría para 23 hospitales enormes y aún sobraría para echarse unas sidras.

Aún así, ofrecemos unas prestaciones que se sitúan entre las mejores del mundo, incorporando todo nuevo tratamiento por caro que sea y la tecnología más moderna. En algunos campos, como son los trasplantes, nos situamos a la cabeza mundial y somos el ejemplo a imitar. ¿Cómo se cuadra este círculo? ¿Cuál es el milagro de eficiencia que han descubierto nuestros geniales gestores? No han tenido que estrujarse mucho las meninges, han encontrado una solución muy fácil: la precariedad laboral y el bajo nivel de salarios que padecen aquellos que hacen de su vida un continuo bregar por la salud de los demás. Así, profesionales muy cualificados empiezan, recién salidos de facultades y escuelas, un viacrucis laboral que los llevará a largos años de saltos de contrato en contrato, muchas veces en fraude de ley, sustituyendo bajas, vacaciones y permisos de otros que han pasado primero por este infierno y han llegado a conseguir la estabilidad laboral muy entrados en su cuarentena. Esto supone contratos de unos meses, unas semanas, días o incluso de horas. Prácticas tan aberrantes, como la de contratar a un profesional para trabajar de lunes a viernes y cesarlo en fin de semana para ahorrarse los descansos, o contratar a alguien para sustituir a un compañero de baja y que no ocupe su lugar, si no que salte en una mañana por tres o cuatro puestos distintos. Tener que desplazarse por toda Asturias sin que compense lo que uno gana con lo que gasta en comida, traslado y pensión. Bajas que no se cubren, vacaciones que suplen los compañeros con su sobreesfuerzo, escasos salarios… es la precariedad la que sufraga una sanidad deficitariamente financiada.

La eventualidad conlleva muchos males: ineficiencia, absentismo, desmotivación, abandono de la profesión, acoso laboral… pero en las estrechas mentes de nuestros gestores lo que cuenta es cuadrar un presupuesto siempre escaso. El primer gobierno de la derecha encontró una solución sencilla que se situaba en la línea que marcaba su ideología: congelar el sueldo a los funcionarios a la vez que los denigraba públicamente. Los gobiernos socialistas han mantenido esta política haciendo cargar a los funcionarios con el peso de la crisis con unas subidas que se encuentran muy por debajo de la inflación real, lo que los ha llevado a casi veinte años de pérdida constante de poder adquisitivo. El salario de supervivencia, el desprestigio social que la demagogia contra todo lo público conlleva y las pésimas condiciones de trabajo, han motivado el que gran parte de las últimas promociones de médicos y enfermeros, los mejor formados de la historia, hayan optado por emigrar a países como Inglaterra o Portugal, país este último que, a pesar de su bajo nivel de renta, ofrece unas condiciones de trabajo muy dignas. La competencia entre comunidades ha agravado aún más el caos financiero, organizativo y de personal en el que se encuentra sumido nuestro sistema nacional de salud, que ofrece condiciones muy distintas dependiendo del lugar en el que se desarrolle la labor ¿Puede decirse que todos los españoles recibimos una atención sanitaria similar cuando los profesionales que nos atienden están sometidos a situaciones tan diferentes?

Los consejeros de salud parecen creer que han encontrado la panacea en la contratación de médicos extranjeros que acepten condiciones todavía peores, pero olvidan que han de competir con otros países por estos mismos trabajadores los cuales, una vez que han penetrado en la fortaleza comunitaria, usan España como trampolín para dar el salto a lugares más serios. Los próximos quince años se jubilarán el 45% de los especialistas asturianos. El déficit de profesionales que se avecina, es la crónica de una muerte anunciada: la de una sanidad pública que no estamos dispuestos a pagar.